El Palacio de Congresos de Córdoba ha incrementado su actividad un 30,8% en el pasado año 2022, a pesar de que los retrasos en las obras de rehabilitación del edificio han supuesto la pérdida de 31 eventos, que habrían tenido un impacto económico en la ciudad de 3,6 millones de euros. Así lo ha señalado hoy el CEO del Palacio de Congresos, Juan Salado, durante la presentación de la memoria anual en el salón Julio Romero de Torres. Salado ha indicado que el pasado año este recinto acogió 119 actos con 54.581 asistentes, frente a los 97 eventos celebrados en el 2021. Asimismo, Salado ha resaltado que la duración media de los congresos ha sido de 2,8 días y que el impacto que la actividad ha tenido en la ciudad ha sido de 11,7 millones de euros.

Con respecto a este 2023, la previsión es albergar 150 eventos con 70.800 clientes (si se cumple el plazo de entrega de las obras), que supondrán 14,8 millones de impacto económico en Córdoba. Juan Salado ha destacado que “arrancamos el año con 64 eventos cerrados ya, más del doble de los que se contaba al inicio del ejercicio anterior”.

Otro dato significativo que se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta memoria es que el de Córdoba es el único de los 94 palacios de congresos que hay en España “cuya gestión y mantenimiento no cuesta ni un euro al contribuyente”, ya que se trata del único recinto de estas características con gestión 100% privada. 

En la presentación de la memoria ha estado presente la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, María Dolores Gálvez, quien ha añadido que «las obras de esta última fase han tenido una serie de situaciones sobrevenidas que han llevado a un retraso, porque el aumento de la inflación ha llevado a que algunas licitaciones quedaran desiertas y alargaran los plazos de la entrega».

La delegada ha indicado que las actuaciones que hay pendientes se entregarán durante este primer trimestre de 2023. «Nuestra intención es que el 31 de marzo estén terminadas», ha añadido Gálvez.

Juan Salado ha mostrado su confianza “en la sensibilidad de las instituciones para solucionar los perjuicios económicos que están causando los retrasos en las obras, que están poniendo en peligro la viabilidad del proyecto”, al tiempo que ha subrayado que «no es justo que la empresa concesionaria tenga que asumir a pecho descubierto el perjuicio por el retraso de un año y medio en la obra”.